La robótica y la inteligencia artificial (RIA) están cambiando nuestras sociedades mientras afectan a los derechos fundamentales de las personas. Al mismo tiempo, son campos considerados como los de mayor desarrollo económico del siglo XXI, por lo que España no puede quedarse al margen. Pero esta innovación tecnológica necesitará un sistema de legitimación para evitar que la ciudadanía le dé la espalda debido a sus riesgos.
Los datos indican que Europa, en comparación con EE. UU. y China, se encuentra unos pasos por detrás en el desarrollo de estas tecnologías. Por eso la Unión Europea está invirtiendo mucho dinero en el fomento de la robótica y la inteligencia artificial. No solo en su desarrollo, sino en cómo se regulará desde el punto de vista ético y jurídico. El objetivo es crear unos estándares europeos que sirvan para que estos campos se desarrollen dentro del respeto a los derechos fundamentales.
La aplicación práctica de la robótica y la inteligencia artificial es muy variada. Podemos destacar varios campos en los que los ciudadanos se pueden ver más afectados, tanto para bien como para mal.
Médicos robóticos
Es todo un reto introducir la inteligencia artificial en la medicina preventiva y en la reducción de riesgos, mediante técnicas de big data y robots que lleven a cabo tareas automatizadas.
La inteligencia artificial ya se utiliza en medicina para detectar arritmias mediante la interpretación de electrocardiogramas. También en la detección de cáncer de piel gracias al análisis de grandes bases de datos de fotografías de manchas cutáneas.
Estos avances en medicina no están exentos de problemas. Por ejemplo, la seguridad de la toma de decisiones por parte de las máquinas, la limitación del acceso a la sanidad pública y las responsabilidades derivadas del fallo en su uso.
Trabajadores y acompañantes
El impacto de la robótica en el mercado laboral puede tener grandes beneficios para los trabajadores al facilitar su labor y seguridad. También puede tener un impacto negativo si destruyen grandes cantidades de puestos de trabajo.
La conducción automática tendrá más interés en las producciones agrícolas como sistemas automáticos de plantación y recogida de frutos que para la conducción en carretera. Sin duda, la negociación colectiva se tendrá que adaptar para conseguir un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y la utilización de estos avances tecnológicos.
Los robots de compañía, tanto para personas mayores solas como para el cuidado de niños, ya se emplean en Japón. Estos pueden aportar soluciones a los problemas que encontraremos en sociedades que envejecen como la nuestra, pero que pueden afectar a la libertad y autonomía de las personas.
¿Qué pasa con la seguridad?
La administración pública tiene un gran margen para implementar estas tecnologías que mejoren la toma de decisiones, ya que es la gran poseedora de datos.
La lista de aplicaciones que pueden mejorar la vida de la sociedad no es corta. Optimizar el uso de fondos públicos, las políticas de igualdad, la sanidad, la educación y de la distribución de la energía son solo algunos ejemplos. También controlar el fraude fiscal e incrementar la seguridad.
Sin embargo, los riesgos también son importantes para los ciudadanos. Un excesivo control por parte del Estado, limitaciones de la libertad de movimientos y de expresión, la reutilización de información para otro tipo de políticas, falta de privacidad y una utilización sin límites por el sector privado son algunos de sus peligros.
El uso de robótica e inteligencia artificial para garantizar la seguridad y combatir el crimen es una necesidad, pero no está libre de grandes riesgos para las democracias. Esto es debido al control y discriminación que pueden sufrir determinados grupos de población.
La importancia de una guía ética
Combatir nuevas formas de crimen y las complejas redes de crimen organizado será más fácil con esta tecnología, pero sin la regulación adecuada puede convertirse en un control estatal de los ciudadanos que limite de forma drástica sus derechos fundamentales en un sistema democrático.
La utilización correcta de la tecnología se conseguirá mediante la creación de un sistema normativo desde la administración y de sistemas éticos de autorregulación para los entes privados. El primer paso al respecto lo ha dado la UE con la guía ética para una Inteligencia Artificial fiable y honesta.
Los principios en los que se debe basar toda esta tecnología son: transparencia, responsabilidad, justicia, respeto a la privacidad, sin maldad, y que respete la autonomía y libertad de las personas.
Trasladar la protección de estos intereses al ordenamiento jurídico es nuestra labor para seguir disfrutando de nuestros derechos y garantías y conseguir un sistema de legitimación de estas tecnologías.
Javier Valls Prieto, Prof. en Derecho Penal, Universidad de Granada, es miembro del proyecto SIENNA financiado por el programa H2020 de la Comisión Europea.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
