La pandemia del COVID-19 añade un grado más de complejidad a la educación superior en América Latina y el Caribe, que viene de enfrentar retos no resueltos, como son el crecimiento sin calidad, inequidades en el acceso y en los logros, y la pérdida progresiva de financiamiento público. Así lo indica el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) en su más reciente trabajo titulado COVID-19 y educación superior. De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones (IESALC, 2020), un documento en proceso que busca servir de referencia a los decisores políticos de la educación superior en la región en medio de la disrupción causada en el sector por el COVID-19.
El informe inicia con los impactos inmediatos, a mediano y largo plazo de la pandemia sobre los distintos actores del sector: los estudiantes se han visto forzados a entrar en una dinámica no planificada de clases a distancia, que afecta su vida cotidiana, los costos y sus cargas financieras así como la continuidad de sus aprendizajes y la movilidad internacional. Quienes no hayan contado con una oferta de continuidad de calidad y con seguimiento individualizado, probablemente se irán desvinculando del ritmo académico y aumentando su riesgo de abandono del sistema. En el caso de América Latina y el Caribe, entrar en una fase de estudios a distancia requiere de una alta tasa de conectividad de calidad. Sin embargo, tan solo uno de cada dos hogares está conectado. “La paradoja es que, a pesar de que las tasas de conectividad en los hogares son muy dispares, las tasas de líneas móviles son extremadamente elevadas y superan, en muchos casos, la cifra de una línea por persona. Esto es, sin duda alguna, una oportunidad que las instituciones de educación superior (IES) deberían aprovechar, centrando sus esfuerzos en soluciones tecnológicas y contenidos para su uso en teléfonos móviles.“
El acceso de los estudiantes a las tecnologías y plataformas requeridas para la educación a distancia (76%) y la propia capacidad real de las instituciones, en términos tecnológicos y pedagógicos, de ofrecer educación online de calidad (75%), deja por fuera a un 25% de estudiantes e instituciones. Muchas autoridades admiten que “el cambio de modalidad se hizo en una situación de urgencia imprevisible y que deberían, desde ya, planificar un próximo trimestre en docencia online con mayores apoyos pedagógicos y recursos, anticipando que la duración de la crisis vaya más allá de un trimestre.“ En este contexto, los profesores se constituyen como sector vulnerable, sobre todo en el caso de los contratados temporalmente o para materias prácticas, quienes corren el riesgo de quedarse sin trabajo por las características de sus empleos. Además, la brecha digital atenta contra la estabilidad de una mayoría que no cuenta con las herramientas y recursos para continuar con las clases en modalidad virtual.
En este entorno crítico entra en juego la sostenibilidad financiera de las IES privadas: “Los flujos de caja podrían no llegar, generando problemas de supervivencia financiera. Esto puede ser crítico para las universidades privadas que no puedan garantizar la continuidad docente en modalidad virtual. Es probable que estas deban suspender temporalmente el cobro de aranceles y que algunas cierren“.
Respuestas institucionales ante el COVID-19
Las respuestas institucionales se han centrado en cubrir el frente sanitario, ajustar calendarios, contribuir desde la investigación y el desarrollo a mitigar la pandemia, garantizar la continuidad de actividades formativas por medio de la educación a distancia, y en apoyar con recursos bibliográficos y tecnológicos y también socioemocionales a la comunidad universitaria. Es decir, en atender la emergencia inmediata con miras a garantizar el bienestar de la ciudadanía. En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México y Uruguay, universidades nacionales han comenzado a prestar servicios y producir bienes necesarios para afrontar el impacto de la pandemia, por ejemplo, produciendo alcohol en gel, barbijos y respiradores, además de desarrollar campañas de promoción de medidas de prevención.
Recomendaciones de la UNESCO
El informe del IESALC recomienda a todos los actores de la educación superior prepararse cuanto antes para la reapertura de las instituciones de educación superior, que probablemente se de en un contexto de recesión económica con recortes en la inversión pública en educación. En este contexto, la UNESCO hace un llamado a los Estados para que aseguren el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no-discriminación como primera prioridad, a través de marcos regulatorios, de financiamiento y de incentivos adecuados, así como de impulsos a iniciativas inclusivas, pertinentes y de calidad para “no dejar a ningún estudiante atrás“, en línea con el propósito principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esto implica atender las necesidades pedagógicas, económicas y también socioemocionales de aquellos estudiantes con mayores dificultades para continuar su formación en modalidades no tradicionales.
A los gobiernos e IES se les recomienda generar mecanismos de concertación que permitan avanzar conjuntamente en la generación de mayor capacidad de resiliencia del sector de la educación superior ante futuras crisis. Esto exige por parte de los gobiernos: contar con la educación superior en los planes de estímulo para la recuperación económica y social; forjar un consenso nacional para una estrategia de fomento de la recuperación y de la innovación de la educación superior; dotarse de un entorno normativo claro en la reapertura de las aulas que genere seguridad; y comprometerse con la cooperación internacional.
A las IES se recomienda anticiparse a una suspensión de larga duración, centrando los esfuerzos en asegurar la continuidad formativa y garantizar la equidad, generar mecanismos de gobierno, monitoreo y apoyo eficientes; diseñar medidas pedagógicas para evaluar formativamente y generar mecanismos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes en desventaja; documentar los cambios pedagógicos introducidos y sus impactos; aprender de los errores y escalar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo; así como promover la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje.
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