La creciente complejidad de la elaboración de políticas y la incapacidad de encontrar soluciones a algunos de los problemas políticos más acuciantes han llevado a políticos, responsables políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos a reflexionar sobre cómo deben tomarse las decisiones públicas colectivas en el siglo XXI.
Se necesitan nuevas formas de encontrar un terreno común y actuar. Esto es especialmente cierto en el caso de las cuestiones que se basan en valores, que requieren compromisos y que exigen soluciones a largo plazo.
En el Foro de la Juventud por el Futuro de la Ciudadanía, Roberto Martínez, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, presentó un informe de reciente publicación que recoge pruebas y datos que apoyan la idea de que la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas puede dar lugar a mejores políticas, fortalecer la democracia y fomentar la confianza.
El informe “Participación ciudadana innovadora y nuevas instituciones democráticas: atrapando la ola deliberativa”, elaborado por la OCDE, se centra en los procesos deliberativos representativos en particular, como parte de un esfuerzo más amplio de las instituciones democráticas para ser más participativas y abiertas a las aportaciones informadas de los ciudadanos y a la inteligencia colectiva.
“Creo muy apropiado la presentación de este informe en este Foro, tratándose de una audiencia de jóvenes con mucha inquietud y mucho ímpetu para empujar las posibilidades de la participación democrática a través de la acción política”, sostuvo Roberto Martínez al iniciar su presentación.
En las últimas décadas, la «ola deliberativa» que convoca a los ciudadanos de a pie de todos los sectores de la sociedad para deliberar sobre cuestiones políticas complejas y elaborar propuestas colectivas ha ido creciendo. Las autoridades públicas de todos los niveles de gobierno han utilizado asambleas de ciudadanos, jurados, paneles y otros procesos deliberativos representativos.
En estos procesos, ciudadanos seleccionados al azar, que constituyen un microcosmos de una comunidad, dedican un tiempo considerable a aprender y colaborar a través de la deliberación facilitada para desarrollar recomendaciones colectivas informadas para las autoridades públicas.
En muchos sentidos, la combinación de los principios de deliberación (debate cuidadoso y abierto para sopesar las pruebas sobre un asunto), representatividad (conseguida mediante un muestreo aleatorio del que se hace una selección representativa) e impacto (con un vínculo con la toma de decisiones públicas) no es nueva. Esta combinación de principios tiene sus raíces en la antigua democracia ateniense y se aplicó a lo largo de la historia hasta hace dos o tres siglos. Es su aplicación moderna, como complemento de las instituciones democráticas representativas, lo que hace que estos procesos sean innovadores en la actualidad.
A medida que prolifera el uso de los procesos deliberativos representativos, el informe de la OCDE, organismo que reúne a 38 países que representan dos tercios de la economía mundial, aporta pruebas para orientar a los responsables políticos sobre las buenas prácticas y las opciones para institucionalizar la deliberación ciudadana.
Roberto Martínez destaca que “este reporte es un hito en el trabajo de análisis de política pública aplicado a procesos deliberativos democráticos”, siendo el primer estudio empírico comparativo que analiza cómo se utilizan los procesos deliberativos para la toma de decisiones de decisiones públicas en todo el mundo.
| 289 casos de estudio, desde 1986 hasta octubre de 2019 18 países de la OCDE + nivel internacional Todos los niveles de gobierno 12 modelos de procesos deliberativos 11 principios de buenas prácticas |
A partir de los datos recogidos en 289 casos de estudio (282 de países de la OCDE) desde 1986 hasta octubre de 2019, y en colaboración con un grupo asesor internacional, la OCDE ha identificado doce modelos distintos de procesos deliberativos, ha evaluado lo que supone un proceso «exitoso», ha desarrollado principios de buenas prácticas y ha explorado tres vías para institucionalizar la deliberación ciudadana. Dicha investigación y las propuestas de acción encajan en el trabajo de la organización sobre la participación ciudadana innovadora, que busca orientar a los países sobre la aplicación de las disposiciones 8 y 9 de la Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto de 2017.
Los crecientes esfuerzos por integrar la deliberación pública en la toma de decisiones públicas podrían considerarse el inicio de un periodo de transformación para adaptar la arquitectura de la democracia representativa.
Las instituciones democráticas de todo el mundo están comenzando a transformarse de manera que los ciudadanos tengan un papel más directo en el establecimiento de las agendas y la configuración de las decisiones públicas que les afectan. Basado en amplios datos y análisis, el informe de la OCDE contribuye a la emergente base de pruebas internacionales sobre estas tendencias y ayuda a las autoridades públicas a aplicar buenas prácticas y a considerar vías para institucionalizar la deliberación ciudadana.
El informe, que puede leerse online o descargarse en https://bit.ly/InnovativeCitizenParticipation “se trata de un documento que de verdad tiene mucha granularidad, mucha diversidad en cuanto a experiencias nacionales de mecanismos deliberativos y temas concretos de la política pública”, concluye Martínez.
