El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) 2017/2018 pone de relieve que incumbe a los gobiernos la responsabilidad de garantizar una educación universal de calidad y que deben rendir cuentas para alcanzar este objetivo. Presentado el 24 de octubre en París, este Informe advierte que puede tener efectos negativos graves el hecho de imputar a determinados responsables de los sistemas educativos los problemas de fondo de que éstos adolecen. Esos efectos pueden consistir en un aumento de las desigualdades y un deterioro del aprendizaje.
“Los gobiernos, las escuelas, los docentes, los padres de alumnos y los organismos privados son todos ellos responsables de la educación. Rendir cuentas de esa responsabilidad atañe tanto a la forma en que los docentes enseñan y los alumnos aprenden como al modo de actuar de los gobiernos. Además, esa responsabilidad debe delimitarse cuidadosamente teniendo bien presentes los criterios esenciales de equidad, inclusión y calidad”, declaró la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova.
En el segundo volumen de la serie de informes GEM, titulado Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos, se efectúa un seguimiento de los avances logrados para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 adoptado por la comunidad internacional en materia de educación. Este volumen analiza las diferentes modalidades en que las personas e instituciones pueden rendir cuentas de su acción en la persecución de dicho ODS mediante el establecimiento de reglamentaciones y pruebas, de actividades de seguimiento y auditorías, y de métodos para tener en cuenta las opiniones de los medios informativos y las asociaciones comunitarias.
El Informe recalca que es injusto y contraproducente culpar a los docentes de los fallos de los sistemas educativos por sus resultados insuficientes o su ausentismo. Menciona, por ejemplo, que en Indonesia la mitad de las ausencias de los docentes en el curso escolar 2013-2014 obedecieron a dispensas que les fueron otorgadas para proseguir sus estudios, sin que se hubiera previsto reemplazarlos. En 2014, solamente 12 de cada 80 días de ausencia de los docentes de Senegal se debieron al incumplimiento de sus obligaciones. No se puede imputar a una sola categoría de personas la responsabilidad de resultados insatisfactorios que dependen de la acción de otros individuos y factores.
El director del Informe GEM, Manos Antoninis, ha dicho a este respecto: “Si uno se basa en los resultados escolares de los alumnos para sancionar a las escuelas y los docentes, se corre el riesgo de que éstos modifiquen su comportamiento para protegerse contra las sanciones y esto puede conducir a que se deje de lado a los alumnos más rezagados. Los gobiernos son los primeros responsables de la buena marcha de los sistemas educativos. Si se precipitan en echar la culpa a otros, lo que hacen es desviar la atención de su obligación de dotar a esos sistemas con estructuras sólidas y solidarias”.
La transparencia contribuiría a determinar cuáles son los problemas de los sistemas educativos, pero sólo un gobierno de cada seis publica informes anuales de seguimiento de la educación. Para exigir a los gobiernos rendiciones de cuentas sobre la educación es preciso que intervengan organismos independientes como oficinas de defensores del pueblo, parlamentos y organismos de auditoría.
No rendir cuentas propicia la corrupción. Durante el sexenio 2009-2014, al 38% de las licitaciones relativas a la educación y la formación sólo se presentó un licitador, mientras que en el sector de la construcción ese porcentaje se cifró en un 16%. Esto evidencia que el riesgo de corrupción es más elevado en el sector de la educación que en el de la construcción.
En el Informe se señala que en el sector de la educación es fundamental establecer y aplicar reglamentaciones que abarquen desde las licitaciones hasta las cualificaciones de los docentes. Menos de un 50% de los países de ingresos bajos y medios cuenta con normativas para la educación de la primera infancia y sólo un número muy reducido de ellos ha creado mecanismos para controlar su aplicación. En casi la mitad de los países no existen reglamentaciones sobre el número de alumnos por clase.
A menudo, las reglamentaciones gubernamentales van a la zaga del rápido crecimiento de las escuelas y universidades privadas. En la capital de Nigeria, Lagos, sólo un 26% de las escuelas privadas fueron acreditadas por el Ministerio de Educación en el curso escolar 2010-2011. En los países donde los procedimientos de acreditación son deficientes hay miles de educandos que acaban sus estudios con títulos académicos que no son reconocidos oficialmente. En Kenya y Uganda hay escuelas privadas que, antes de haber sido acreditadas, se ponen en funcionamiento con infraestructuras inadecuadas y docentes sin calificación profesional suficiente, lo que obliga a los tribunales a decretar su cierre.
En los países donde se dan carencias en los mecanismos oficiales, la ciudadanía desempeña un papel esencial para exigir a los gobiernos que hagan efectivo el derecho a la educación. En Colombia, una campaña de la sociedad civil logró llevar a las autoridades gubernamentales ante los tribunales, consiguiendo así el establecimiento de la educación gratuita. En los Estados Unidos, agrupaciones de padres de alumnos y medios informativos presionaron con éxito para suprimir de los libros de texto los pasajes que negaban la existencia del cambio climático. En Sudáfrica, la movilización de los estudiantes universitarios consiguió detener el alza de los derechos de matrícula.
El Informe destaca también cuán importante es exigir responsabilidades para remediar las desigualdades y la falta de equidad. Menos de un 20% de los países garantiza en sus legislaciones 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita, cuando hay todavía en el mundo 264 millones de niños y adolescentes sin escolarizar y unos 100 millones de jóvenes analfabetos.
El Informe señala también la falta de responsabilidad de los donantes que no cumplen los compromisos contraídos con los países necesitados de ayuda. El porcentaje de la ayuda multilateral o bilateral a la educación está disminuyendo desde hace seis años. Al mismo tiempo, a cambio de su ayuda los donantes exigen cada vez más los países beneficiarios de ella un tipo de resultados que a veces merman las energías que deben dedicar a las mejoras de fondo de sus sistemas educativos.
Ningún método de rendición de cuentas dará buenos resultados sin la existencia de un sólido entorno que proporcione a los protagonistas de los sistemas educativos la capacidad, la motivación, la información y los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades. En el informe se hace un llamamiento a los gobiernos para:
- Concebir mecanismos de rendición de cuentas estimulantes para las escuelas y evitar los sistemas de sanciones, especialmente los basados en mediciones restringidas del rendimiento.
- Permitir la participación democrática, respetar la libertad de análisis de los medios informativos sobre las temas de educación y establecer organismos independientes para examinar las reclamaciones y quejas.
- Elaborar reglamentaciones fiables y eficaces para todos los centros docentes públicos y privados. Esas reglamentaciones deben comprender sanciones para garantizar la no discriminación y la calidad de la educación.
- Hacer que el derecho a la educación sea exigible judicialmente, cosa que no ocurre en el 45% de los países.
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